El Principado dará un plazo de un año para legalizar las instalaciones en los núcleos de población asturianos
A. S. GONZÁLEZ
La denuncia de un vecino en Suaras, con una segunda residencia en la localidad peñamellera, y la posterior sentencia judicial que obligó al cierre de dos cuadras puso en pie de guerra a los ganaderos y evidenció la necesidad de revisar una normativa que permitía el cierre de estas instalaciones en virtud de reglamentos como el de actividades molestas, de 1961.
El caso llamó a reclamar una legislación acorde a la realidad de la zona rural. El Principado ha dado finalmente un paso adelante para abordar esta cuestión y ha concediendo un plazo de un año para que estos espacios emplazados en los núcleos de población asturianos legalicen su situación y obtengan la licencia de actividad pertinente.
La Unión de Campesinos Asturianos (UCA) recomienda a todos los titulares de este tipo de explotaciones iniciar cuanto antes el trámite, con la documentación técnica necesaria para así evitar sanciones o limitaciones futuras.
El sindicato celebra una medida que aporta seguridad jurídica al sector, favorece la continuidad de la actividad ganadera en el medio rural asturiano y refuerza la protección ambiental sin generar «trabas innecesarias» ya que bastará una declaración jurada para superar el trámite.
La normativa afecta exclusivamente a las instalaciones ganaderas tradicionales construidas antes de 1961 y sin licencia de actividad y las que están «en precario» según el propio texto administrativo; esto es, a las construidas después de 1961, inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias (REGAPA) pero sin licencia municipal conforme al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Raminp).
El plazo para regulariza las estabulaciones que han perdurado en el tiempo, muchas de ellas de carácter tradicional o familiar, pero que carecían de un título habilitante ambiental, concluirá el 24 de mayo de 2026. Antes de esa fecha, los afectados deben presentar una declaración responsable ambiental ante el Ayuntamiento correspondiente.