Cebadero de ternera asturiana / Foto: Juan Carlos Tuero
La IGP reclama flexibilizar su pliego de condiciones para incrementar las certificaciones y paliar la crisis del sector
A. S. GONZÁLEZ
Los ganaderos asturianos se enfrentan a un escenario cada vez más complejo. El encarecimiento de las materias primas, agravado por la sequía del pasado año y sumado al incremento continuado de los costes de energía y combustible, ha disparado los costes de producción desde hace ya más de tres años.
Al mismo tiempo, la inflación y un paulatino cambio en los hábitos de consumo, han llevado a la disminución a nivel nacional del consumo en hogares de carne de vacuno. Según datos del Ministerio, en 2023 la cifra se redujo en casi un 20%, lo que unido al 33% de los dos años anteriores, suponen «cifras realmente alarmantes».
En Asturias, el descenso de las ventas ha sido más contenido pero igualmente preocupante, con una reducción de en torno al 10%. Todo ello, denuncia la IGP Ternera Asturiana, pone «en riesgo la capacidad de comercialización» de la marca.
En este contexto, la identificación geográfica retoma una demanda que no es nueva pero sí cada vez más urgente y reclama flexibilizar su propio pliego de condiciones para reducir el periodo de amamantamiento de los animales «de manera que no suponga ninguna merma en la calidad del producto final».
Esta medida posibilitaría que muchos más animales permaneciesen en el Principado en lugar de partir hacia otros mercados nacionales e internacionales porque la realidad actual es que muchos de los terneros que nacen en Asturias parten para ser cebados en otras latitudes.
Los animales abandonan la región con pocos meses, para paliar la escasez europea y nacional, lo que deja menos animales disponibles para finalizar su ciclo productivo en Asturias, requisito indispensable para la certificación de animales por la marca.
«A pesar de haber registrado en varias ocasiones esta modificación del Pliego de Condiciones, nunca hemos tenido una respuesta. Y mientras el tiempo pasa en eternos trámites administrativos, vemos como los terneros se van de Asturias, perdiendo la posibilidad de comercializarse bajo la marca», lamenta la presidenta del Consejo Regulador, Isabel de la Busta.
La portavoz trasladó el pasado mes de mayo al consejero de Desarrollo Rural, Marcelino Marcos, una cuestión que ya se registró formalmente en 2016, 2019, 2020 y, por última vez, el 9 de enero de este mismo año «sin que hasta la fecha se vean avances en el trámite».
Frente a la incertidumbre, la IGP reclama adoptar medidas al tiempo que advierte de lo «irreparable para la marca, para el medio rural y para la economía asturiana que sería continuar perdiendo cabezas». Con todo, este año apunta a la esperanza ya que, hasta la fecha, se han certificado un 5% más de reses que a estas alturas de 2023.
«Es muy pronto para sacar conclusiones. Las estimaciones a medio plazo nos siguen generando una gran incertidumbre, lo que hace necesario adoptar medidas», templaba la presidenta que apuesta por implementar acciones que incentiven el consumo de carne de vacuno como «han hecho las comunidades vecinas de Galicia o País Vasco».
«Nos encontramos en un mercado global, en el que debemos competir, y creemos que lo estamos haciendo en desigualdad de condiciones», concluía.