La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pone cifras a la subida derivada de la aplicación, a partir del 1 de enero, del mecanismo de ajuste de carbono en frontera
ANA S. GONZÁLEZ
La aplicación a los fertilizantes del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) incrementará, a partir del 1 de enero de 2026, los costes de producción agraria. Así lo advierte Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, representada en Asturias por Usaga, que cifra los sobrecostes adicionales en entre 40 y 100 euros por hectárea, dependiendo del cultivo y del nivel de fertilización.
La organización quiere que no la Unión Europea no grave a estos productos hasta que no esté garantizada la plena previsibilidad de los costes y se establezcan medidas específicas de compensación para agricultores y ganadero porque la transición climática, a pesar de ser «un objetivo compartido, no puede trasladarse de forma directa a los costes del sector agrario». años que representan entre el 15 % y el 30 % de los costes totales de producción y podría dar «la puntilla» a ciertos sectores, comprometiendo su viabilidad económica.
El CBAM pretende gravar las importaciones de productos intensivos en carbono procedentes de terceros países para evitar la fuga de emisiones y garantizar una competencia más equitativa con la producción europea. Entre los sectores incluidos se encuentran los fertilizantes, un insumo esencial para la agricultura y uno de los principales determinantes de los costes de producción de agricultores y ganaderos.
Los incrementos, advierte Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, podrían suponer un impacto económico acumulado de entre 6000 y 1500 millones de euros al año, en un contexto en el que las explotaciones ya afrontan una fuerte presión de costes y una elevada dependencia de fertilizantes importados de terceros países.
La organización lamenta que, a un mes de su aplicación, no se hayan resuelto elementos técnicos clave del mecanismo como la metodología definitiva de cálculo de las emisiones incorporadas en los fertilizantes, el sistema de verificación y certificación de los datos declarados por los importadores, el precio efectivo de los certificados CBAM vinculado al mercado del carbono o la posible introducción de medidas correctoras para el sector agrario.
Todo ello, sostiene, dificulta la planificación de las explotaciones y agrava «el efecto tijera que ya sufren agricultores y ganaderos, con costes al alza y precios en origen que no permiten absorber nuevos incrementos».
La Comisión Europea, por su parte, sostiene que para tener en cuenta las especificidades del sector, se aplicará un recargo reducido del 1 % a los respectivos valores por defecto en los primeros años del período definitivo. Para otros sectores, el recargo es del 10 % en 2026, del 20 % en 2027, y del 30 % en 2028.