Dos explotaciones ganaderas de Fernando Caso en Suarías, en Peñamellera Baja, serán clausuradas el lunes tras la denuncia de un vecino, lo que ha provocado una protesta del sector
GLORIA POMARADA
Fernando Caso tiene 31 años y reúne todos los requisitos de ese perfil teórico llamado a frenar la despoblación: apostó por quedarse en Suarías, un pueblo de Peñamellera Baja con apenas medio centenar de vecinos habituales donde tuvo un hijo y donde hace una década tomó el relevo de su padre al frente de la ganadería familiar, compuesta actualmente por 83 reses de vacuno. Sin embargo, en su camino se ha cruzado la legislación.
Este lunes, dos de las cuadras que tiene dentro de este núcleo, en La Callejuca y La Nozalera, serán clausuradas por una sentencia judicial que debe ejecutar el Ayuntamiento, dada la denuncia de un vecino. Ese mismo día, a las 9.30 horas, la asociación Ganagri de la que forma parte ha convocado una protesta bajo el lema ‘ La ganadería no es clandestina‘ con el fin de visibilizar la problemática.
El origen del embrollo está en las denuncias vecinales y la consiguiente aplicación de reglamentos como el de actividades molestas, de 1961. Para poder continuar en esas cuadras, que usa de noviembre a marzo, Fernando Caso solicitó «el 28 de febrero» del pasado año la licencia de actividad. «Sigo esperando», lamenta el ganadero, quien explica que tampoco le ha sido concedido «más plazo» para evitar el cierre.
Mientras la resolución sobre la licencia llega, este lunes parte de sus animales quedarán en la calle. Caso explica que en los últimos días no deja de «comerse la cabeza», pues «los animales sufren y hay vacas que quedan fuera a punto de parir y van a notar el cambio de temperatura». Sin estabular, también «aumenta el riesgo de que haya ataques» del lobo y se incrementan los costes. La sensación de Caso es que le «tratan como a un ilegal», pese a que «estaba haciendo todos los papeles y los presenté en plazo». Para ello tuvo que recurrir a un abogado, lo que le ha supuesto más gastos. Considera además «injusta» la normativa que le ha abocado a esta situación. «Te echan de las cuadras, del trabajo que tienes y quedas medio desnudo», afirma el joven, único del pueblo que se dedica exclusivamente a la ganadería.
No comparte tampoco que las cuadras molesten, pues «llevan toda la vida» en Suarías. «Me acuerdo que de crío había vacas por el pueblo y no molestaban a nadie. Si yo voy a Oviedo o Madrid y digo que me molesta el camión de la basura no lo van a quitar. Los que vienen aquí también se tienen que amoldar», sostiene.
Ley de calidad ambiental
Fernando Caso no es el único afectado de Suarías, donde en septiembre ya se clausuraron otras cinco cuadras. De registrarse las mismas denuncias que en la localidad peñamellerana, advierte de que la situación puede repetirse en «toda Asturias», pues «la ley está hecha para ellos».
Por eso desde la asociación Ganagri insisten en que el foco debe ponerse en la necesidad de cambiar la legislación para ajustarla a la realidad del territorio. «Son normas imposibles de cumplir y que son inventadas», defienden desde la entidad. Con la nueva ley de calidad ambiental del Principado en la recta final de tramitación, son conscientes de que el tiempo apremia para tratar de introducir sus demandas en el articulado.
La petición de Ganagri es que el Gobierno asturiano se fije en la norma de Galicia. Su propuesta pasa así por eximir de licencia de actividad a las instalaciones de vacuno con un «límite de plazas». Consideran además que la declaración responsable «no exime de burocracia al sector».