El programa de erradicación será sustituido por una estrategia de protección y se podrán realizar movimientos de ovino y bovino en la España peninsular
A. S. GONZÁLEZ
Fin a la obligación de vacunar a las reses contra la lengua azul. El comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), que coordina las actuaciones frente a determinadas enfermedades animales y en el que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), acordó ayer que la inmunización será voluntaria.
Los responsables políticos extremeños y de Castilla y León ya han informado a las organizaciones agrarias del acuerdo alcanzado. Según informa ASAJA, en virtud de este acuerdo, toda España , salvo las islas, pasa a ser zona suspendida frente a los serotipos 1,3, 4 y 8 y se podrán realizar movimientos de ovino y bovino en la España peninsular.
La sustitución del actual programa de erradicación por una estrategia de protección conlleva la autorización de la vacunación voluntaria de los serotipos actualmente presentes en todo el territorio nacional, y, lo más importante, libre movimiento de bovinos y ovinos dentro del territorio nacional sin requisitos específicos, salvo presencia de síntomas clínicos de lengua azul.
Los cambios en la estrategia para abordar la enfermedad entrarán en vigor próximamente, cuando se modifique la Orden Ministerial en vigor.
La obligatoriedad de inmunizar a la cabaña generó «gran malestar y preocupación» entre los profesionales del campo. Una década atrás, cuando se produjo la última campaña de inoculación contra el mal, los efectos secundarios fueron «terribles» entre las reses: abortos, «debilidad permanente y muerte por caquexia».
Entonces, nadie asumió «responsabilidades». No hubo indemnizaciones y la Administración no reconoció oficialmente «la relación que existía entre la vacuna» y las pérdidas gestacionales y decesos.
Ante la falta de confianza, la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, lanzó un mensaje de tranquilidad asegurando que las vacunas habían mejorado y son, a día de hoy, «mucho más seguras». Con todo, las organizaciones agrias insistieron en que «la decisión de vacunar o no a los animales debe ser de los titulares de las explotaciones».
El secretario general de URA, Borja Fernández, ha lamentado enterarse por la Junta de Extremadura del cambio. «Entendemos que algo de tanta importancia se tiene que trasladar con la máxima brevedad posible y no enterarse por otras comunidades, ya que esto solo sirve para dar lugar a desinformación y crear confusión en el sector», ha lamentado.