Un agricultor aplica un tratamiento fitosanitario en un cultivo. / Sonia M. Lario
España podrá posponer la obligación del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027
ANA S. GONZÁLEZ
La Comisión Europea ha atendido, al menos parcialmente, una de las demandas de las organizaciones agrarias y ha aplazado el plazo para la obligatoriedad del cuaderno de explotación digital para los fitosanitarios. Los Estados miembros podrán posponer la obligación del 1 de enero de 2026 a esa misma fecha en 2027.
La medida, adoptada en la reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF), se incorporará mediante la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564. Hace tan solo seis meses, la Comisión consideraba «poco factible» la cesión en la demora.
ASAJA celebra la noticia y exige al Gobierno de España que adopte la prórroga, con la revisión urgente del Real Decreto para establecer la nueva fecha de aplicación, y que defienda en Bruselas un aplazamiento indefinido, garantizando una transición justa y realista para los agricultores.
Insta, de hecho, a las comunidades autónomas y a sus consejerías de Agricultura a presionar al Ejecutivo central para que haga oír la voz del campo español y defienda esta posición a nivel comunitario.
«Creemos que un año es poco», coincide Unión de Uniones, que valora positivamente que la Comisión haya escuchado, aunque sea parcialmente, las demandas y haya optado por «un enfoque más realista y adaptado a la situación del sector». Reclama, asimismo, que la revisión normativa incluya una excepción para las pequeñas y microexplotaciones agrarias.
La obligación supondrá una carga administrativa adicional para los productores pero existen problemas adicionales. A día de hoy, no todos los agricultores disponen de conexión a internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad.
Unión de Uniones considera que los poderes públicos deben actuar para garantizar la conectividad y capacitación adecuadas en el medio rural, paso previo indispensable para la digitalización del campo y el cumplimiento y adaptación de las normativas.
«Este es un paso muy importante para reducir la incertidumbre del sector sobre este asunto e igualmente debe ir seguido de un desarrollo práctico del contenido de la reglamentación europea, que en el caso español se ha planteado con una carga administrativa compleja e inasumible para las explotaciones», concluye Asaja.