El Ejecutivo aplaza la obligatoriedad de dotar a las ganaderías de un plan sanita rio integral
A. S. GONZÁLEZ
El Gobierno ha esperado casi al último momento del año para modificar distintas disposiciones sobre la actividad ganadera y cumplir tres de los compromisos recogidos en las 43 medidas para mejorar la situación de los trabajadores del campo.
El Consejo de Ministros aprobó el sábado un Real Decreto que contempla, entre otras cuestiones, el aplazamiento de las fechas para la identificación electrónica del ganado bovino. La entrada en vigor del nuevo sistema se aplaza hasta el 25 de junio del próximo ejercicio para que los ganaderos cuenten con tiempo suficiente para adaptarse.
A partir de esa fecha, todos los animales nacidos deberán tener la identificación electrónica. Esta medida no ha estado exenta de controversia y Unión de Uniones, representada en Asturias por Usaga, instó hace meses al Ministerio a eliminar la imposición, convirtiéndola en una decisión voluntaria.
Defienden que quienes « se benefician de este cambio son eslabones superiores de la cadena, como mataderos o la propia administración» pero el incremento en el coste de los crotales lo asumirá «como siempre» el ganadero.
La incorporación del dispositivo electrónico permite acceder a través de un lector a los datos del animal, mejorando la trazabilidad. La digitalización mejora el acceso a la información y proporciona seguimiento preciso e individual de cada animal desde el momento en el que nace, hasta que se procesa su carne o derivados.
Por un lado, se mejora las garantías de seguridad alimentaria y, en caso de aparición de enfermedades, se puede detectar el foco con mayor agilidad. En el papel, la identificación electrónica simplifica la gestión de rebaños al automatizar el registro de datos, lo que ahorra tiempo y reduce errores en la documentación manual.
La identificación electrónica no es la única obligación pospuesta. También se demora hasta el 1 de junio de 2025 el plazo para que todas las explotaciones ganaderas comerciales dispongan de un plan sanitario integral, otra de las cuestiones a la que se oponían los sindicatos.
El texto garantiza que, finalmente, la figura del veterinario de explotación será de carácter voluntario, aunque se mantiene la obligatoriedad de las visitas zoosanitarias obligatorias. El real decreto aprobado introduce asimismo modificaciones en la regulación sobre el sistema de trazabilidad, identificación y registro de ciertas especies de animales terrestres en cautividad para aportar claridad y flexibilidad, además de mejorar su eficacia y mantener la coherencia con el marco europeo y con la normativa nacional correspondiente, entre otros.