Las organizaciones agrarias advierten de que «añade un coste innecesario a la carne de ternera»
A. S. GONZÁLEZ
El crotal electrónico es ya obligatorio en España. El 30 de junio entró en vigor la obligación de marcar a los terneros con unos dispositivos que buscan aportar, sobre el papel, más garantías y una mayor trazabilidad pero que el sector rechaza.
«No aporta garantías adicionales, pero sí más burocracia, más dependencia tecnológica y un coste adicional que el ganadero no puede asumir», critica Joaquín Gargallo, responsable del sector vacuno de COAG.
Los ganaderos consideran que la trazabilidad ya la proporciona el sistema de identificación convencional, el del crotal tradicional. Además, censuran que la decisión se haya adoptado «sin consenso y sin planificación».
El Real Decreto que regula su uso, sostiene la organización agraria, va mucho más allá de lo exigido por Bruselas y, de hecho, únicamente cinco países han establecido de manera obligatoria la identificación electrónica en todo su territorio.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, de la cual forma parte Usaga, también ha expresado su rechazo, advirtiendo que «beneficia principal y casi únicamente a eslabones superiores de la cadena, mientras que el coste lo asume el ganadero».
Los ganaderos encuentran al menos tres inconvenientes a la medida: el incremento del coste tanto en crotales electrónicos como en sus duplicados – las nuevas exigencias duplican el precio de la identificación de los bovinos- la paralización de movimientos de animales que pierdan el dispositivo hasta que éste sea sustituido y la desventaja competitiva frente a animales importados que no tienen esta obligación.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos añade consideraciones técnicas: «Desde un despacho les queda fácil decir que el crotal convencional va en la oreja derecha y el electrónico en la izquierda, pero cuando tienes que identificar un ternero en el campo, sin manga ganadera, y con una madre con un fuerte instinto maternal, estar a estas cosas puede suponernos un peligro».
Los sindicatos no dan la batalla por perdida y anuncian que redoblarán sus esfuerzos para conseguir que se elimine la obligatoriedad «y se respete el principio de proporcionalidad y viabilidad que rige en la normativa europea».
Una de las propuestas es aplazar al menos dos años la entrada en vigor de la obligación para que, mientras tanto, se modifique la norma para que el uso del crotal electrónico en bovino sea voluntario, como permite Europa. Otra que se habilite una línea de ayudas para que no sena los ganaderos quienes asuman este gasto adicional.
«La simplificación administrativa debería ser real y no impostada. El Ministerio no puede decir en foros de ganadería extensiva que apuesta por soluciones dialogadas con el sector y luego aprobar disposiciones y obligaciones de forma unilateral», insiste.
COAG reclama, finalmente «coherencia y sensatez, evitando la imposición de cargas innecesarias al sector: «Cada vez que abren la boca sube el pan… y en este caso el filete».